Jo Leinen: «Por un Pacto Social Europeo»

Artículo traducido por Jorge Tanarro Colodrón
El artículo original está disponible aquí, en la web del Grupo Spinelli.

Por Jo Leinen, eurodiputado, miembro del Grupo Spinelli y presidente del Movimiento Europeo Internacional (EMI)
Publicado en The Federalist Debate, abril 2013

En comparación con años anteriores, 2013 parece ser un buen año para la Unión Europea. Cada vez son más los indicios que apuntan hacia una moderación de la crisis de deuda soberana: los tipos de interés de los bonos de las economías europeas con problemas están disminuyendo y la brecha de competitividad entre los países del norte y del sur se está reduciendo. Irlanda pidió prestado dinero con éxito en los mercados de capital e incluso en Grecia hay signos de mejora sustancial, lo que provocó que la agencia de calificación Standard and Poors mejorara la calificación crediticia de Grecia en seis puntos en diciembre de 2012. La relativamente buena noticia, sin embargo, no debe llevarnos a la conclusión de que el trabajo está hecho. Otra crisis sigue causando estragos en Europa, sin perder nada de su gravedad: la crisis social permanente.

Después de que la crisis financiera originada en los EE.UU. se extendiera, los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a rescatar a las instituciones financieras, que se habían jugado cientos de miles de millones de euros en mercados financieros no regulados en la mayoría, dejando a los estados en terribles dificultades e incluso al borde de la suspensión de pagos. La zona euro, siendo una unión monetaria incompleta, no tenía los medios institucionales para reaccionar adecuadamente, por lo que fue golpeada con especial dureza, pero la UE y sus Estados miembros han mostrado flexibilidad realizado algunas mejoras y preparando el camino para otras durante los últimos años : la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM), el fortalecimiento de la gobernanza económica (Semestre europeo «six-pack», «two-pack»), el fortalecimiento de las normas fiscales (Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Pacto Fiscal ) y el inicio de una unión bancaria, con un único mecanismo de control y un esquema de resolución común. Nunca más debería sufrir el contribuyente por el comportamiento irresponsable de los grandes sectores de la industria financiera. Todas estas medidas han sido importantes, pero están dirigidas principalmente a resolver los problemas presupuestarios de los Estados miembros y la prevención de crisis similares en el futuro. No son, sin embargo, suficientes para garantizar la equidad social.

La principal paradoja de la multi-crisis a la que nos enfrentamos en Europa es que los que han causado la mayor parte de los problemas, los bancos, fueron capaces de sacar provecho de grandes ganancias transfiriendo las pérdidas a los contribuyentes cuando los supuestos riesgos que justificaban los beneficios se materializaron. En el mismo sentido, los más gravemente afectados por las medidas de austeridad impuestas para reducir el gasto público fueron los más débiles, los ancianos, los jóvenes y los desempleados. Así, los apuros de una recesión económica con un mercado de trabajo difícil y alto desempleo fueron acompañados por importantes recortes en el gasto público social, dando lugar a tensiones sociales e incluso disturbios, ya que presentaban una amenaza vital para muchos europeos. En algunos países de la UE uno de cada dos jóvenes está sin empleo y sin perspectiva de futuro. De acuerdo con el «Employment and Social Developments in Europe Review of 2012», el desempleo está alcanzando niveles que no se ven desde hace 20 años y el riesgo de pobreza y exclusión a largo plazo está en aumento. Para los afectados, la UE no parece garantizar su bienestar, sino que es percibida como uno de los principales impulsores de la austeridad y de sus efectos adversos sobre la población.

El año 2013 es el Año Europeo de los Ciudadanos, y es de hecho el momento de dirigir nuestra atención hacia los ciudadanos de Europa. El artículo 3 del TUE establece que la Unión Europea «trabajará por una economía social de mercado altamente competitiva, combatirá la exclusión social y la discriminación y promoverá la justicia social y la protección». Pero mientras que la UE y la zona euro, en particular, hicieron considerables avances con respecto a la realización de una verdadera unión económica y monetaria, la política social europea es casi inexistente. ¿Cómo esperamos ganar los corazones y las mentes de los jóvenes, el futuro de Europa, para el sueño europeo, si la mitad está en el paro? Para alguien que culpa a la UE por su situación de miseria, las promesas de un «sueño europeo» deben sonar como una broma de mal gusto. Así pues, hay tres motivos principales por los que establecer un marco europeo de normas sociales. En primer lugar, tenemos que ayudar a la gente a salir de su situación desesperada. En segundo lugar, tenemos que establecer una nueva narrativa de la integración europea. La UE debe convertirse en el guardián de los derechos sociales de los ciudadanos y de su bienestar. Y en tercer lugar, tenemos que prohibir esta competencia ruinosa por el «mejor» clima de inversión a base de dumping social.

Cuando argumentamos a favor de una Europa más integrada, dominan tres argumentos: La UE conserva la paz en nuestro continente, sólo la UE tiene el tamaño crítico para influenciar la política internacional en un mundo globalizado salvaguardando los intereses y valores europeos, y tenemos que estar unidos para defender nuestro modelo de una economía social de mercado, la «forma de vida europea», por así decirlo. De hecho, hay una diferencia innegable entre la economía de mercado de los EE.UU. y los estados de bienestar de Europa. Pero si bien los Estados miembros de la UE comparten un entendimiento común de que la solidaridad y el reparto de la carga están definiendo los elementos de una sociedad justa, las normas sociales se están distanciando enormemente entre los Estados miembros y por eso es hora de que se actúe a nivel europeo.

Por suerte no tenemos que empezar de cero. Las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo presentaron acciones fundamentales para una nueva estrategia social europea y los sindicatos de trabajadores y otras ONGs enriquecieron el debate con sus propias propuestas. Muy recientemente, el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que presente una propuesta para garantizar la información y participación de los trabajadores en los procesos de reestructuración, y debido a la presión constante del Parlamento, la Comisión en diciembre de 2012 presentó su «Youth Employment Package» que incluye recomendaciones para garantías nacionales de empleo para jóvenes, que en parte podría ser financiado a través del Fondo Social Europeo, y el lanzamiento de una consulta pública sobre un marco de calidad para los periodos de prácticas.

Mucho más queda por hacer. Para restaurar el equilibrio social, tenemos que asegurarnos de que los costes de la crisis no recaigan desproporcionadamente en la clase baja y media. Por lo tanto, la UE debe intensificar su lucha contra la evasión fiscal y el fraude fiscal, también para asegurar la base fiscal de los Estados miembros. A la larga sólo la armonización gradual de los impuestos de sociedades y los ingresos proporcionará una competencia leal en las inversiones entre los Estados miembros que evitará el dumping fiscal. En el ámbito mundial, la UE debe instar a sus socios a cerrar los paraísos fiscales restantes. Con el Thyssen-Report, que dio recomendaciones al «Grupo de los Presidentes» responsable de elaborar un plan de trabajo para la realización de la Unión Económica y Monetaria, el Parlamento Europeo pidió un pacto social para compensar las estrictas normas presupuestarias y medidas de austeridad. Este pacto debería promover una alta calidad y una financiación adecuada de los servicios públicos, el acceso universal a los servicios esenciales de salud y el acceso a una vivienda asequible y social. Austeridad y recortes de gastos no deben dar lugar a la terminación de los servicios sociales y públicos básicos. Además, pide la aplicación de un protocolo social para proteger los derechos sociales y laborales fundamentales y para garantizar la igualdad de remuneración y la igualdad de derechos para un trabajo de igual valor. Normas mínimas acerca de salarios decentes, horas de trabajo y prestaciones por desempleo también deberán ser definidas a nivel europeo.

No todo se puede llevar a cabo dentro de los Tratados actuales. De acuerdo con el art. 4 (2b), del TFUE, la UE comparte la competencia en el ámbito de la política social con sus Estados miembros, pero se limita a las cuestiones mencionadas expresamente en los Tratados. Además el apartado 5 del art. 153 del TFUE, que enumera las áreas de política social en las que la UE puede involucrarse, prohíbe toda legislación europea en materia salarial, de derecho de asociación, de derecho de huelga y de derecho de cierre patronal. Sin embargo, el Tratado de Lisboa ofrece cierta flexibilidad. Un primer paso sería la activación de la cláusula pasarela del art. 153 para abolir el requisito de unanimidad en el Consejo y para que el procedimiento legislativo ordinario sea aplicable a toda la legislación de la política social. La próxima revisión del Tratado, que tendrá lugar después de las próximas elecciones europeas de 2014, no sólo debe centrarse en la reforma institucional sino también en introducir más competencias para la UE en materia social, ampliar el alcance del art. 113 del TFUE sobre la armonización de los impuestos indirectos e introducir una base jurídica para la armonización gradual de los impuestos directos. El nivel europeo debe habilitarse para establecer normas mínimas que puedan ser superadas y sobre-implementadas por los Estados Miembros.

Los derechos sociales, sin embargo, son sólo una cara de la moneda. La gente está mejor cuando tiene un trabajo decentemente remunerado y puede vivir de su propio trabajo. La restauración de un crecimiento sostenible y la creación de puestos de trabajo debe estar en la cima de la agenda. La UE tiene que desempeñar un papel activo en el fomento de las inversiones y por lo tanto también necesita un presupuesto realista. En las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP), la toma de decisiones deberá tener en cuenta que en algunas regiones de Europa los fondos estructurales de la UE son, literalmente, las últimas fuentes de inversión que quedan. A largo plazo, una entidad política federal evolucionada como la UE deberá tener un presupuesto federal real, incluyendo la posibilidad de emitir bonos del tesoro de la UE, con el fin de ser capaz de reaccionar adecuadamente a circunstancias excepcionales, como por ejemplo shocks económicos asimétricos.

Todavía más importante es ajustar el entendimiento fundamental del propósito de la UE. Había buenas razones para centrarse en la economía en el inicio de la integración europea, ya que la unión política no se podía lograr a través de un único gran paso. Pero ya quedan lejos los tiempos de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. La Unión Europea es más que una zona de libre comercio, es más que una unión económica y monetaria – hoy la UE toma decisiones que afectan a todos y cada uno de los ciudadanos europeos en muchos aspectos. Como sistema político federal evolucionado, el objetivo principal de la UE no es completar, defender o gobernar el mercado único. Su principal objetivo debe ser servir a sus ciudadanos. El mercado único no es un fin en sí mismo, es un instrumento para fomentar el crecimiento económico y generar riqueza para el pueblo.

Sin embargo, las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia en los casos «Vikingo» y «Laval» muestran que no sólo es la mentalidad de la gente sino que también la legislación europea tiene que adaptarse a la realidad. En ambos casos, las empresas querían trasladar puestos de trabajo de los antiguos Estados Miembros a los nuevos Estados Miembros, con el fin de beneficiarse de los salarios significativamente más bajos. A los trabajadores y sus sindicatos, que temían por sus puestos de trabajo, se les prohibió el uso de medidas colectivas para oponerse a los planes de las empresas, ya que ello constituiría una violación de la libertad de establecimiento. No sólo para las personas afectadas, la UE parecía de nuevo dar la espalda a la gente a favor de las reglas del libre mercado.

El mercado único es un gran logro y su realización es imprescindible, pero aun más importante es poner a la gente primero para establecer la supremacía de los derechos sociales sobre los económicos. En definitiva, la UE tiene que introducir una cláusula horizontal de progreso social, ya sea a través de un cambio en los Tratados o de algún reglamento, para garantizar que las libertades económicas se interpretan de forma subsidiaria a los derechos sociales fundamentales en caso de conflicto. Mientras tanto, la legislación relativa a la aplicación de las normas del mercado único debería incluir esa referencia. Sólo entonces podremos revivir el «sueño europeo» y construir una unión política que se caracterice por una alta identificación y participación activa de sus ciudadanos. Si queremos que los ciudadanos se interesen por la Unión Europea, la Unión Europea tiene que mostrar interés por sus ciudadanos.